Madre Selva es una organización ecologista con 23 años de existencia trabajando en la defensa de los bienes naturales y la rica biodiversidad de Guatemala, acompañando a poblaciones tradicionalmente excluidas afectadas por la degradación ambiental, en su mayoría indígenas. En las comunidades que trabajamos es reiterativa la pérdida de bosques por la mala política forestal y la constante aprobación de proyectos inconsultos impulsados por instituciones de Gobierno, esta mala gestión de los bienes naturales del país tiene como consecuencia la pérdida de fuentes de agua, lo que deriva en carestías y conflictos por el vital líquido, se reduce la productividad de la tierra, la biodiversidad y se aumenta el riesgo y la vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
Después de estos años de presencia activa, el Colectivo Madre Selva se ha convertido en un referente en el tema ecologista, en la defensa de los bienes naturales del país y en el acompañamiento de las comunidades que defienden sus territorios y bienes naturales ante el embate de un modelo desarrollo extractivista que promueve el Estado y el poderoso sector económico.
El colectivo MadreSelva funciona desde 1996. Durante los primeros años, se veló, cabildeó y abogó pública y legalmente a favor de la aplicación de las leyes ambientales de Guatemala en las áreas protegidas y parques nacionales. El primer caso fue contra la Forestal Simpson y su pretensión de usar el parque nacional Río Dulce para actividades industriales, MadreSelva se posicionó políticamente frente a la sociedad guatemalteca.
En el año de 1998, la oposición a las actividades petroleras dentro de un área núcleo y parque nacional Laguna del Tigre de la Reserva de la Biosfera Maya, del departamento de Petén, abrió a debate público el tema de la explotación petrolera en nuestro país. Esto se hizo por medio de procesos legales llevados en contra de la compañía petrolera Basic, y de las instituciones gubernamentales responsables.
Casi desde su formación, MadreSelva ha monitoreado la actuación de los funcionarios de las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de velar por la biodiversidad y el ambiente. La presión pública ejercida ha puesto en evidencia la ineficiencia y debilidad de dichas instituciones, y en algunos casos, la corrupción de los funcionarios públicos. MadreSelva pasó de la denuncia pública a la denuncia legal, cuando encaminó un proceso judicial contra el secretario ejecutivo del Conap, por corrupción, en el año 2002.
En el año 2002 un grupo de empresarios de turismo de El Estor contactó a MadreSelva, ante la amenaza de una concesión petrolera en el lago de Izabal. La sociedad estoreña solicitaron talleres de información, luego tomaron la decisión de organizar un campaña de resistencia. Esta tuvo una excelente acogida social, reacción favorable de parte de funcionarios públicos del departamento de Izabal, quienes se sumaron al movimiento de resistencia. Como resultado, el presidente Portillo canceló la concesión petrolera del lago de Izabal.
En el año 2004 se acompañó la defensa de los Bosques de Manglar y río Coyolate en la Costa Sur. Las principales causas de la desaparición del manglar son las actividades empresariales agrícolas, turísticas, salineras, deforestación y construcción de carreteras. Se Trabajó con: La Coordinadora Guatemalteca para la Defensa de los Manglares y la Vida –COG-MANGLAR y la asociación Asobordas.
Desde el añ
o 2004 el colectivo Madreselva inició la denuncia y oposición contra la minería de metales, la cual ha sido apoyada por diferentes personas, comunidades y organizaciones, especialmente en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango e Izabal. Son múltiples los casos que el colectivo Madreselva ha a acompañado desde este año.
Año 2005. Apoyo a los procesos de Derecho a consulta en defensa de los bienes naturales en oposición a proyectos extractivos inconsultos en comunidades indígenas y mestizas de diferentes regiones del país. Se acompañó a organizaciones comunitarias como, La asamblea departamental por los recursos naturales de Huehuetenango, al Consejo de los pueblos de occidente.
Año 2008. Defensa de los bosques y biodiversidad de la Montañas de Las Granadillas y del Merendón, Zacapa – Chiquimula: En esta región se libra una lucha para proteger el bosque natural frente a los terratenientes que con la autorización indebida del INAB para explotar forestalmente la montaña, única fuente productora de agua de Zacapa y Chiquimula.
Año 2010. Eco etnocidio en Chinautla: Comunidades y Cocode de Santa Cruz Chinautla, Guatemala. Asesoría ambiental, política y legal. Es un pueblo Maya Poqomam que vive en una zona de alto riesgo ambiental donde su principal fuente de agua, el río Chinautla, está altamente contaminado por las aguas negras y el vertido de desechos sólidos de la ciudad de Guatemala. El colectivo acompaña acciones técnicas de prevención y obras físicas de mitigación ante las inundaciones y la erosión; acciones políticas y legales en apoyo de las organizaciones comunitarias y a la Asociación de Mujeres Alfareras para la incidencia ante las autoridades locales y nacionales para frenar la degradación ambiental de su territorio.
Año 2010 Oposición minería de metales proyecto Cerro Blanco: JPIC, Organizaciones Asunción Mita, Jutiapa. Se lleva proceso de sensibilización, incidencia política y legal binacional Guatemala – El Salvador. Este proyecto fallido de la empresa Goldcorp que después de ocho años de haber obtenido la licencia de explotación, no ha podido extraer ni una onza de oro, mantiene un vertido continuo de aguas termales con un elevado contenido de arsénico que contamina las aguas del río Ostúa y el lago binacional de Güija. Se ha trabajado de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil y del gobierno salvadoreño, para evidenciar el riesgo a desastre ambiental causado por un proyecto inoperante.
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Año 2010 Oposición a la minería de plata y oro El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa: Se ha acompañado la resistencia comunitaria a este proyecto por medio de acciones pacíficas y legales, realizando incidencia política, presentando estudios técnicos evidenciando la inviabilidad social y ambiental de la mina El Escobal. El gobierno de Pérez Molina impuso el proyecto de manera ilegal, imponiendo un Estado de Sitio para reprimir y criminalizar la protesta social. Abogados de Madreselva y otras organizaciones civiles atendieron la defensa legal de comunitarios criminalizados por defender su territorio.
Año 2012. Turbina hidroeléctrica comunitaria Unión 31 de Mayo, Uspantán, Quiché: En 2009 un grupo de líderes y autoridades de las CPR se acercan a Madreselva en búsqueda de apoyo para reactivar la pequeña hidroeléctrica comunitaria que por diversos motivos habían abandonado. Ayuda de la Iglesia de Noruega – AIN y Madreselva uniendo esfuerzos, deciden apoyar a las comunidad de la Unión 31 de Mayo para restaurar el proyecto. En mayo del 2012 se realiza la reinauguración. Se modificaron y renovaron los componentes clave: el canal se recubrió de concreto, se reparó el conjunto de turbina y generador, se instalaron los postes de distribución y se logró la meta de dar energía domiciliar a 460 familias. Este proyecto pionero está catalizando procesos de autogestión energética en la Zona Reina de Uspantán, Quiché, y se ha convertido en un ejemplo a seguir para comunidades rurales excluidas por el sistema eléctrico nacional.
Año 2015 Turbina hidroeléctrica comunitaria El Lirio, Zona Reina, Uspantán, Quiché: Es la segunda turbina comunitaria en la aldea Lirio-Putul. Se realizó con el esfuerzo propio de la comunidad, brindando asesoría técnica, política y legal. La administración del proyecto la realiza la comunidad en beneficio directo de 75 familias. Año 2016 Turbina hidroeléctrica comunitaria La Taña, Zona Reina, Uspantán, Quiché: También se realizó la construcción la turbina comunitaria de la aldea La Taña. La población organizada de esta aldea mantiene el proyecto activo que dota de energía eléctrica a 600 familias.
Año 2017 Hidroeléctrica comunitaria de La Gloria, Zona Reina, Uspantán, Quiché: 125 familias son beneficiadas con el servicio de energía eléctrica que es administrado por la Asociación Comunitaria de Luz
