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Consultas y participación ciudadana

Desde el año 2005 se ha levantado un movimiento de resistencia que se ha articulado en torno a la exigencia de los pueblos para que se les consulte sobre cualquier proyecto de desarrollo o legislación que afecte sus derechos y sus territorios. Estas demandas se fundamentan en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 60 al 66 del Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.
La forma de lucha principal es expresada en la Consulta comunitaria, Consulta a vecinos, o Consulta de Buena Fe a Pueblos Indígenas. En todos los casos se trata de movimientos sociales cuya base es la comunidad como núcleo de la vida social en un territorio determinado que puede ser el municipio o la aldea que se siente amenazada por intervenciones del capital que amenazan los medios elementales de vida de la población. La consulta plantea la defensa de la vida por un conglomerado social complejo, multiclasista y aún multiétnico. No se trata de luchas sectoriales con intereses económicos homogéneos. Sin embargo los actores de la consulta resultan tener en común la pertenencia a una comunidad. Los problemas y demandas que los mueven tienen que ver con factores vitales para la comunidad como el agua, un bosque comunal, un río, o la oposición al cambio de uso del territorio como es el caso de la minería. La consulta puede originarse en la necesidad de negociar de manera conjunta y solidaria las condiciones socialmente aceptables para la construcción de una obra de infraestructura, o para participar con algún margen de eficacia en la aprobación de alguna política, norma o ley que afecta intereses comunes.
Ante el nuevo modelo de acumulación planteado por la depredación del territorio y los bienes naturales, el actor social protagónico es la comunidad. Ese núcleo de intereses e interacciones comunes que dan vida a una partícula social elemental pero que es capaz de reconocer necesidades comunes de participación y acción política. Las batallas comunitarias son acciones de resistencia, de defensa. Tienden a generar dinámicas de reconcentración, de solidaridad y fortalecimientos hacia adentro. Por eso mismo entre los actores son fácilmente reconocidas las necesidades de alianzas y acciones conjuntas con otras comunidades que viven experiencias similares. Este rasgo le da un potencial muy fuerte a las luchas en defensa del territorio y los bienes naturales, ante el cual la elite oligárquica manifiesta preocupación y miedo a fracasar en sus planes de acumulación, que la lleva a rediseñar sus respuestas con la criminalización de las luchas sociales.

No a la reglamentación de las Consultas

En marzo de este año se dio a conocer una propuesta del gobierno de Álvaro Colom para reglamentar las Consultas Comunitarias. Este proyecto provocó un rechazo rotundo por parte de las comunidades que ya han realizado consultas asi como muchas organizaciones de la sociedad civil.
Para mas información sobre el No al reglamento lea el artículo Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169