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Grandes hidroeléctricas ¿beneficio para quién?

Durante el período 1996-2015, se han otorgado 35 licencias de utilización de ríos para la instalación de centrales hidroeléctricas. A partir de la Ley de Electricidad de 1996, se aplica una política orientada a la privatización de la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica favoreciendo exclusivamente a grandes empresas nacionales y extranjeras.

El desarrollo de este tipo de políticas afianza una cultura excluyente, racista y represiva histórica y estructural que consolida el poder de las élites tradicionales y de los sectores de economía emergente. Como resultado se limita el pleno ejercicio democrático y la apertura de espacios de participación para la población, especialmente de las comunidades rurales e indígenas, garantizado en las leyes y la Constitución de Guatemala. Las comunidades rurales, especialmente indígenas, no tienen acceso a la energía ni a los beneficios que extraen las empresas que están apropiándose de los bienes naturales de sus territorios. Estos megaproyectos, han aumentado la conflictividad social, incrementado los índices de prostitución, basura y alcoholismo durante su  construcción. Estas  situaciones afectan a mujeres, niñas y niños. La relación entre el acceso a proyectos energéticos y la participación ciudadana equitativa de población indígena y mujeres en la decisión del uso de los recursos naturales locales, es un tema prioritario y de interés nacional.

La matriz energética del país está dirigido a privilegiar a los grandes capitales nacionales y transnacionales en la inversión de megaproyectos hidroeléctricos, pero representa una amenaza para las comunidades cercanas a los ríos con caudales importantes para la generación eléctrica, este esquema es violatorio de los derechos de las comunidades a ser previamente informados y consultados sobre proyectos que van hacer uso de bienes naturales en su territorio, ya que es práctica de los gobiernos el negociar directamente con las empresas nacionales y trasnacionales los grandes proyectos de generación eléctrica sin tomar en cuenta a las comunidades, violando su derecho a un desarrollo justo y a decidir sobre el manejo de los recursos en su territorio.

Ante la exclusión histórica de los pueblos indígenas de Guatemala, existen comunidades relegadas de los servicios básicos como educación, salud, vivienda e infraestructura, entre ellos el acceso a energía eléctrica. Tal es el caso de comunidades indígenas del Río Negro, Quiché, en donde en el año 1975 se construyó a costa de mucha sangre de estas comunidades,  la hidroeléctrica Chixoy, el proyecto más grande de generación eléctrica de Guatemala, más sin embargo las comunidades al pié de la represa, aparte de sufrir represión, no tienen servicio eléctrico.

 

¿Qué opciones hay entonces?

Las pequeñas hidroeléctricas comunitarias son una alternativa viable para el manejo autónomo de la energía frente al modelo de comercialización de la electricidad en Guatemala, ya que las comunidades utilizan el potencial hídrico local sin afectar el caudal ecológico de las fuentes de agua como si lo hacen las grandes hidroeléctricas, se proveen de electricidad a un costo justo versus las altas tarifas que tienen que pagar por el lucro excesivo de las empresas distribuidoras, obtienen beneficios económicos de su administración, así como desarrollo de capacidades locales en su gestión, conocimientos y mantenimiento técnico. El desarrollo energético siempre ha estado negado para las comunidades, ha sido diseñado desde fuera, las pequeñas hidroeléctricas comunitarias significan una gestión autónoma de los bienes naturales con plena participación de la población local, dignificando su desarrollo, condiciones de vida y empoderamiento.

La Ley de Electricidad abre una ventana para el aprovechamiento autónomo por parte de las comunidades indígenas de sus recursos hídricos, pues según esta ley no se requiere ninguna concesión ni licencia específica para construir y operar proyectos hidroeléctricos menores a 5 megavatios. Tal es el caso de la pequeña hidroeléctrica Comunitaria “Héroes y Mártires de la resistencia, 31 de Mayo” en la comunidad 31 de Mayo en la Zona Reina de Uspantán.

Este proyecto fue impulsado desde hace 9 años por la propia comunidad y apoyado en el inicio por la organización solidaria “Siembra” de las Islas Canarias, España, luego por el colectivo Madreselva con aportes de Noruega. El proyecto se ha desarrollado con muchas dificultades técnicas, económicas y sociales,  en la parte de infraestructura el diseño del canal de abastecimiento de agua no fue construido de manera adecuada dejando grandes tramos de tierra sin revestimiento adecuado por lo que desde el inicio ha sufrido de constantes desplomes que ocasionan interrupción del acceso al agua, se a reparado de manera provisional pero el problema persiste. Desde el principio no se contaba con los suficientes recursos económicos para cubrir todas las etapas del proyecto por lo que se logró generar electricidad por poco tiempo sin cubrir la demanda domiciliar, esto generó inconformidad y desunión dentro de las comunidades, afortunadamente debido a los nuevos aportes económicos de las organizaciones que apoyamos el proyecto se logró habilitar de nuevo el servicio eléctrico dando cobertura a la mayoría de familias, lo que despertó de nuevo el entusiasmo y la unión entre las comunidades.

La hidroeléctrica Comunitaria de 31 de Mayo representa una alternativa de autonomía energética que permite tener acceso a la electricidad por parte de las familias de acuerdo a su capacidad económica, generando un beneficio directo en la comunidad ya que lo recaudado por el cobro de servicio nos es con fines de lucro, si no sirve para los gastos administrativos, reparaciones y mantenimiento del sistema. Así también significa el uso del bien hídrico de manera respetuosa con la naturaleza, sin afectar el ecosistema natural de donde se obtiene el agua.